El destino de los políticos.

"El lugar de los políticos es la prisión" (del autor).

Como hemos visto a lo largo de las distintas entradas, no podemos salirnos de nuestra penosa situación en tanto no eliminemos la actual clase política. Esto debe abarcar la inhabilitación perpetua para acceder a cualquier cargo público de la totalidad de miembros de los partidos políticos (salvo los testimoniales y que no tengan responsabilidades en la crisis y en la corrupción), y la supresión de dichos partidos. No puede limitarse a los que han desempeñado cargos públicos: se trata de partidos corruptos, en los que todos, de alguna manera, participan de esa corrupción y son responsables de ella; las personas decentes ya se han ido o las han echado, pues estorbaban; a la política es aplicable la Ley de Gresham ("la mala moneda expulsa a la buena").

Se podría objetar que los partidos de extrema izquierda no son neoliberales. Pero ya se ha demostrado que son también corruptos, y altamente perniciosos para la convivencia ciudadana y el país; amén de que la izquierda es sinónimo de inmadurez: cuanto más a la izquierda, más inmaduro. Y las personas normales no tienen por qué ver mermada la calidad de su vida diaria por culpa de la inmadurez.

Este apartamiento de los actuales miembros de los partidos políticos debe ser acompañado por la oportuna exigencia de responsabilidades, extensible a jueces y fiscales deshonestos, a los corruptores y a todos aquellos cuyas prácticas dolosas han contribuído a la presente crisis económica ( no a los insensatos que han sido víctimas a su vez de la crisis, por haberse endeudado excesivamente, etc.). Para ello habría que dar por nulos los indultos a políticos corruptos (se protegen entre sí), eliminar con efectos retroactivos la prescripción de la corrupción, y reabrir los procesos de aquellos que se han beneficiado de trucos  legales indebidos o de fallos cómplices.

La exigencia de responsabilidades debería comprender tres frentes:

a) El despilfarro de los recursos públicos. Exigible a todos aquellos que han realizado inversiones públicas infrautilizadas, los responsables de la construcción de prisiones asimilables a hoteles de semilujo, los que hayan realizado gastos inútiles o suntuosos (viajes sin justificación razonable, compras de artículos de lujo como botellas de cava carísimas, etc.), o a aquellos culpables de la compra del voto con beneficios fiscales, subvenciones, etc.

b) La corrupción. En este apartado debieran incluirse aquellos que se han asignado sueldos o dietas (estoy pensando, sobre este último concepto, en la Administración Local) manifiestamente excesivos, los que han contratado a amiguetes o miembros de su partido, a los que han sobornado a  medios de comunicación con dinero público, y a todos los responsables de haber politizado, prostituyéndolas, a las diferentes Administraciones Públicas, incluída la judicial.

c) La crisis económica, incluyendo la adhesión de España al euro. No vale aducir que los teóricos representantes del pueblo han acatado la disciplina de voto; el  bien del país ha de estar muy por encima de los intereses de partido; serviría de escarmiento.

Si el pueblo español es quien detenta la soberanía, podemos hacer lo que consideremos oportuno, a través de las correspondientes leyes.

Lógicamente, no se trata de repetir la experiencia. Ello debería ir acompañado de un cambio de sistema político, ya que el actual no solo no funciona, sino que es gravemente perjudicial. En dicho sistema político, debería haber un Jefe de Estado fuerte, que nombrase a la cúpula del Poder Judicial (como se hace en muchos países democráticos), y que pudiera exigir responsabilidades a todas las administraciones públicas, en evitación de tantas ilegalidades e irregularidades como hemos podido contemplar.

Dicho Jefe de Estado no debe ser elegido por sufragio universal, ya que está comprobado que los españoles no tenemos suficientes elementos de juicio para escoger al más idóneo; no los conocemos lo suficiente. Baste pensar que Zapatero fue elegido dos veces.